El acceso a los medicamentos ¿un derecho restringido?

Un estudio realizado en 2009 por el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor arrojó que El Salvador es el segundo país con los precios más caros de la región. El acceso a los medicamentos se ha vuelto un “lujo” para la mayor parte de la población; pagar tratamientos para enfermedades como la diabetes, el cáncer… es imposible. Además, el Sistema Nacional de Salud Pública y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social presentan escasez de medicamentos, lo que obliga a la población a recurrir a localidades privadas, donde los medicamentos cuestan “un ojo de la cara”. La salud, un derecho fundamental, parece estar secuestrado por los que se lucran de las enfermedades de las personas y, aún estamos a la espera de una Ley que lo garantice ¿Dónde está el Estado de Bienestar?

La Comisión de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa comenzó a discutir desde los últimos meses del año pasado diferentes iniciativas de ley con el fin de elaborar una Ley de consenso que plantee: el control de la calidad de los medicamentos, que establezca clara regulación de precios de los mismos, garantice su disponibilidad y promueva su uso racional. El gobierno presentó el proyecto de Ley de Medicamentos el 22 de febrero, éste se sumó a otras iniciativas que ya estaban en discusión. Pero, en todos estos meses no hay claros indicios de progreso concreto en la creación de la ley. El viceministro de de Políticas de Salud, Dr. Eduardo Espinoza comenta que quizá el sector de derecha en la comisión es el que está entrampando el proceso. ¿Qué intereses habrá detrás que no permiten el consenso dentro de la comisión encargada, para que dictaminen a favor de la mayoría de los salvadoreños?

Los medicamentos en El Salvador suelen estar con un 300% de sobreprecio comparado con otros países de la región. Eso significa que las industrias farmacéuticas del país tienen unas ganancias exorbitantes, tanto desde las farmacias como de los laboratorios farmacéuticos. La mayoría de las farmacias del país pertenecen a los dueños de los laboratorios que importan los medicamentos y producen los genéricos. Se sabe que los Saca y los Cristiani son dueños de droguerías. Lo que está claro es que hay grandes intereses económicos de por medio que están obstaculizando la primacía del derecho fundamental de la población.