Los partidos políticos se han convertido en protagonistas de funcionamiento democrático. Son los actores políticos predominantes en el entramado institucional y llegan a controlar buena parte del proceso de tomas de decisiones del sistema político.
Las críticas hacia los partidos no son nuevas. Datan de antaño y continúan erosionando la confianza en ellos hasta llegar a que, en los estudios de opinión pública y cultura política, suelen encontrarse entre las instituciones que gozan de menor credibilidad entre la población.
Pese al creciente protagonismo de otros actores como los grupos de presión, los movimientos sociales y los medios de comunicación; los partidos en muchos países se aferran con fuerza al monopolio del poder político institucional.
En El Salvador, los partidos son el único vehículo para llegar a ocupar cargos públicos electos. Y entre ellos, únicamente se dirime la competencia electoral.
Su predominio constitucional les permite también elegir y, en otras ocasiones, también aportar de sus filas a funcionarios de diversa índole: Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Cuentas, así como a los titulares de la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría General.
A través de sus miembros, los partidos también tienen algo que decir en la elección de quienes estarán al frente del Tribunal de Ética Gubernamental, la Defensoría del Consumidor y la Policía Nacional Civil.
La pregunta del millón es ¿en qué medida la elección de estos funcionarios permite a los partidos ejercer influencia e incluso llegar a controlar totalmente una determinada institución? ¿Se imponen los intereses partidarios en detrimento del interés general?
Esto y más, en su programa Abriendo Puertas del próximo viernes 17 de octubre: “La Influencia de los Partidos en las Instituciones Públicas”.
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